La Dirección de Estadística Económica y Financiera del IIEG, que encabeza Mireya Pasillas Torres, analizó la informalidad laboral a nivel nacional y estatal, datos que permiten desarrollar políticas públicas más efectivas para disminuir esta problemática.
La informalidad en México es un problema estructural, persistente y difícil de disminuir, explica Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información Estadística Económica y Financiera de nuestro Instituto.
A principios de julio, Pasillas Torres presentó el Boletín Económico Mensual de junio 2024, que incluye, entre otros temas, un análisis detallado de la informalidad en México y en Jalisco.
El INEGI define la tasa de informalidad como aquella que incluye a quienes trabajan en condiciones laborales vulnerables debido al tipo de negocio en el que están empleadas, así como a aquellas cuyo trabajo no es reconocido formalmente por su empleador. Esta tasa incluye a quienes trabajan en pequeños negocios no registrados o en el sector informal, a personas que se dedican a la agricultura de subsistencia por cuenta propia y a quienes trabajan sin protección de seguridad social cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
Pasillas Torres, maestra en Public Financial Policy The London School of Economics and Political Science, detalla que las tasas históricas de informalidad en el país han estado por arriba del 50% y no han disminuido significativamente.
En 2019, la tasa de informalidad fue de 56.7% y para este primer trimestre de 2024 fue de 54.3%; es decir, la reducción este sexenio fue de sólo el 2.4%. En el mismo periodo en Jalisco, la tasa de informalidad pasó de 49.1% a 47.9%, una reducción de 1.2 puntos porcentuales. “Que más de la mitad de las personas del país sean informales nos habla de un caso estructural”.
Estas tasas de informalidad impactan de manera negativa en la productividad y el crecimiento económico. “Se genera un círculo vicioso difícil de romper entre la informalidad, productividad y crecimiento económico. La razón es que en la informalidad hay bajos niveles de productividad que limitan el crecimiento económico y al no haber un crecimiento sustantivo se generan trabajos precarios”.
Además, las unidades económicas informales o con trabajadores informales no logran producir u ofrecer servicios que se comparen o compitan con productos elaborados por empresas que trabajan de manera formal.
Por ejemplo, la productividad está limitada a los factores de producción. Un trabajador es más productivo en una empresa grande, formal, que ofrece adecuadas maquinarias o herramientas, en comparación con una empresa pequeña familiar informal que apenas está sobreviviendo.
El límite de los derechos básicos
El bajo crecimiento genera empleos precarios y vulnera los derechos básicos definidos en la Constitución mexicana, lo que son poderosas razones para atacar la informalidad. Los derechos a la seguridad social que ofrecen los empleos formales implican acceso a la salud. Aunque actualmente quienes no tienen seguro social pueden acceder de distintas maneras, entre las cuales está el Instituto de Salud para el Bienestar, el programa es más limitado, indica Pasillas.
«También las personas que laboran en la informalidad están limitadas al derecho a una pensión y, aunque hay programas sociales para apoyar a los adultos mayores, aún no son suficientes para evitar el empobrecimiento en la vejez».
Una persona que tenga una enfermedad, un accidente o un embarazo y no tenga seguridad social, no tendrá protección ante estas eventualidades. Tampoco podrá acceder a pensión de invalidez, orfandad o viudez y sus hijos no podrán tener espacio en guarderías gratuitas. «La seguridad social protege de riesgos e impacta en los derechos desde el nacimiento hasta la vejez», comenta Pasillas.
Lamentablemente, la informalidad se origina por la misma legislación y tiene que ver con el estatus laboral. El artículo 12 de la Ley del Seguro Social establece que el régimen del seguro social obligatorio es aplicable a trabajadores, socios de sociedades cooperativas, personas que determine el Ejecutivo Federal a través de Decreto y a personas trabajadoras del hogar, dejando a un lado a los informales.
En México, el sistema de pensiones se creó en 1943 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. En ese entonces, se esperaba que todos los trabajadores tuvieran el amparo del IMSS, pero 80 años después no ha ocurrido. Al firmar el Tratado de Libre Comercio, se esperaba que la informalidad disminuyera, pero tampoco ocurrió y es probable que tampoco ocurra con el actual nearshoring.
La política pública más adecuada y apoyada por varias voces indica que México debería transitar a un sistema de seguridad social universal solo por el hecho de ser ciudadanos mexicanos, tal como sucede en Inglaterra, sugiere Mireya Pasillas, quien también es académica del ITESO. Sin embargo, eso implicaría mucho dinero y una reforma fiscal que nadie está dispuesto a hacer.
La informalidad a detalle: Matriz de Hussman
Para entender a detalle las estadísticas de informalidad en México y Jalisco, Mireya Pasillas utilizó la Matriz Hussmanns, que unifica dos enfoques de la informalidad: el sector informal y el empleo informal. Esta matriz clasifica a la población ocupada no solo por su posición en la ocupación, sino también por el tipo de unidad económica empleadora, permitiendo desarrollar políticas públicas más efectivas para disminuir la informalidad.
Con el uso de esta matriz, es posible observar diferentes posiciones de la ocupación y el tipo de unidad económica empleadora. La Matriz Hussmanns fue desarrollada por el Grupo de Delhi, una iniciativa internacional creada para mejorar la medición del sector informal y proporcionar datos más precisos y consistentes sobre la economía informal en los países en desarrollo.
La informalidad, al ser un problema arraigado, debe atacarse de diversas maneras. La política pública por implementar en empresas informales debe ser diferente a la de empresas formales que no registran a sus trabajadores. «Porque las estadísticas muestran que hay más informales en empresas formales que en empresas informales», explica Pasillas.
De acuerdo con el análisis del Boletín Económico Mensual de junio 2024, Jalisco tenía 4.03 millones de personas ocupadas, de las cuales 1.93 millones eran informales, resultando en una tasa de informalidad del 47.9% con datos al primer trimestre de 2024. El 19.2% de las personas ocupadas informales son trabajadores en unidades económicas informales, y el 27.1% están laborando en empresas formales, pero no están afiliados a la seguridad social.
Además, el 5.6% son empleadores, el 25.7% son trabajadores por cuenta propia, el 5.3% son trabajadores no remunerados, ya sea porque son familiares o son aprendices. Además, se tiene que el 7.4% son trabajadores domésticos remunerados y el 9.7% son trabajadores asalariados del campo o jornaleros agrícolas.
Para disminuir la informalidad, se requieren políticas diferenciadas según la fuente de informalidad. A las empresas informales es necesario acompañarlas con apoyos para que puedan registrar a sus trabajadores. «Muchas empresas se mantienen informales debido al alto costo que implica la formalidad. Una pequeña fonda que apenas sobrevive, ¿cómo pagará los impuestos? La política pública debe ser diferenciada de acuerdo con la necesidad y debe estar enfocada al tipo de empresa y al tipo de apoyos o subsidios que necesita», detalla Pasillas.
Para los trabajadores por cuenta propia se podrían diseñar esquemas de subsidios dependiendo de su nivel de ingresos. Para los jornaleros y trabajadores agrícolas habría que revisar si es posible la afiliación por las empresas. “El problema es creer que un pequeño programa se pueda combatir la informalidad. Se necesitan reformas y políticas públicas adecuadas para lograr un círculo virtuoso que implique más derechos, mayor crecimiento económico, mejor empleo, y mayor recaudación”.
