El diagnóstico identifica áreas críticas en la atención a víctimas y fomenta la mejora en coordinación y recursos entre instituciones y la sociedad civil. Además, destaca la importancia de la profesionalización y la ética en el servicio público.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, a través de la Dirección de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, y el Consejo Ciudadano de Seguridad presentaron en julio el primer Diagnóstico de las Capacidades Institucionales para la Atención a Víctimas.
Este documento se configura como una herramienta clave para el diseño de políticas públicas y revela áreas de mejora en el sistema de atención a víctimas en Jalisco.
El diagnóstico aborda las complejidades de la atención a quienes han sido impactados por situaciones difíciles, ofreciendo un panorama completo y detallado de las capacidades institucionales. No solo identifica los logros alcanzados, sino también las áreas críticas que demandan mejoras sustanciales.
Para su elaboración se utilizaron enfoques cuantitativos y cualitativos. Se implementó una encuesta en línea dirigida a diversas instituciones, tanto estatales como municipales, que proporcionó datos cuantificables sobre la autopercepción de estas entidades en relación con su capacidad de respuesta a las víctimas.
Además, se llevó a cabo una investigación acción participativa con miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Sus experiencias y perspectivas fueron recogidas mediante un diagnóstico participativo realizado en Casa ITESO Clavijero, capturando voces individuales que no pueden ser plenamente expresadas a través de números.
Conrado Romo, director de la Dirección de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, explicó que el diagnóstico no tiene como objetivo ser un ranking ni un análisis de política pública. “Es una autoevaluación de las propias instituciones para saber qué piensan de sí mismas, además de ser un diálogo con las organizaciones civiles que apoyan a víctimas”.
El proceso de diagnóstico, que se llevó a cabo entre agosto de 2022 y octubre de 2023, incluyó la distribución de una encuesta de 81 preguntas a 131 dependencias (123 municipales y 8 estatales). Se recibieron 53 respuestas válidas y se contó con la participación de 21 miembros de diversas organizaciones y asociaciones civiles para evaluar la efectividad en la atención.
Augusto Valencia López, director general del Instituto, destacó algunos de los resultados más importantes, como la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones y la sociedad civil organizada, aumentar los recursos disponibles, fortalecer las capacidades del personal, adoptar tecnologías adecuadas y crear indicadores de impacto que reflejan la recuperación y rehabilitación de las víctimas.
Priorizar la profesionalización y la ética
Mayra Elizabeth Hernández, consejera presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, subrayó la importancia de priorizar la profesionalización y la ética en la atención a personas que han sido víctimas de trata, violencia y pérdidas. “La sensibilidad y compasión son tan esenciales como la eficiencia y eficacia. La burocracia no puede ser un obstáculo en momentos de crisis”.
Por su parte, Isabel Cortés Coronado, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad, resaltó que el documento presenta una visión clara y detallada sobre la percepción de las instituciones respecto a sus recursos públicos, brechas y necesidades, calidad del servicio, respuesta institucional, marcos legales y normativos, así como sus autoevaluaciones.
Mientras que Ana María Vázquez Rodríguez, profesora en el ITESO, quien presidió y fue consejera del Consejo Ciudadano de Seguridad, indicó que el principal beneficio de este trabajo fue la formación de alianzas entre instituciones para hacer un primer diagnóstico del quehacer en la atención a víctimas. “Es un primer acercamiento para que las instituciones reflexionen sobre su propio quehacer y los retos que implica su actividad diaria”.
Vázquez Rodríguez también señaló que este diagnóstico ayuda a que las personas usuarias conozcan mejor las instituciones, reflexionen sobre sus limitaciones, recursos, formación y capacitación. “Aunque los usuarios tienen derecho a recibir un buen servicio, es importante conocer los alcances de las instituciones para evaluar mejor el servicio que ofrecen”.
Recomendó seguir impulsando alianzas entre instituciones para resolver problemáticas a corto, mediano y largo plazo, hacer compromisos de trabajo compartido para volver a evaluar a las instituciones y estar atentos a las necesidades de los funcionarios públicos para mejorar su desempeño. Asimismo, subrayó la importancia de continuar con la capacitación y formación de servidores públicos desde una perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género, para que la atención a las víctimas sea una experiencia diferente.
